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Dincat, representante del sector de la discapacidad intelectual y del desarrollo en Cataluña, considera que el anuncio del Gobierno de la Generalitat sobre la creación de un grupo de trabajo liderado por Derechos Sociales e Inclusión y Empresa y Trabajo para mejorar las condiciones laborales del sector social llega tarde y resulta totalmente insuficiente. Aunque celebra que finalmente se anuncie la voluntad de avanzar en una demanda histórica del sector, lamenta profundamente que no se concrete ninguna medida inmediata y que se posponga cualquier avance real hasta, como mínimo, el año 2026. Esta respuesta no está a la altura de la emergencia que viven los profesionales del sector de la discapacidad intelectual, que desde hace tiempo trabajan en condiciones salariales muy por debajo de su compromiso y profesionalidad.
El estancamiento de las condiciones laborales del sector no es casual, sino consecuencia directa de un desinterés político cronificado. Las entidades sociales llevan casi 15 años sufriendo una infrafinanciación estructural, agravada por años de recortes, congelaciones de módulos y el aumento sostenido de los costes de funcionamiento, especialmente en lo relativo a suministros energéticos y alimentación. A pesar de algunos ajustes recientes, los incrementos de tarifas han sido claramente insuficientes y no han permitido revertir esta situación.
En este contexto, al sector le urge desde hace tiempo un aumento de al menos un 30% en los módulos y tarifas de los servicios de la Cartera de Servicios Sociales que, como mínimo, debería planificarse mediante un plan plurianual con incrementos anuales del 10% o superiores, teniendo en cuenta también la evolución del IPC. Esta medida es imprescindible para establecer condiciones laborales dignas.
“Es hora de dejar atrás las palabras y actuar con responsabilidad. Los y las profesionales del sector necesitan mejoras concretas este mismo año 2025; no pueden seguir esperando unas condiciones laborales dignas, a la altura de su compromiso y profesionalidad”, explica Víctor Galmés, director de Dincat. “Sin una financiación adecuada, las entidades no pueden asumir ninguna mejora en las condiciones laborales de sus equipos. Estas mejoras no solo son justas y necesarias, sino imprescindibles para garantizar la calidad de la atención y la sostenibilidad de las entidades”, añade.
Por otro lado, Dincat denuncia que la brecha salarial entre los profesionales del sector público y los del Tercer Sector Social, que a menudo supera el 30%, es absolutamente injustificable, teniendo en cuenta que se trata de las mismas tareas, pero con condiciones muy desiguales. Todo ello se está traduciendo en una rotación constante de profesionales, muy preocupante en un sector altamente comprometido y vocacional y, aún más grave, que afecta a las personas usuarias, que pierden constantemente a sus referentes vitales.
Por todo ello, Dincat insta al Gobierno a pasar de los anuncios a la acción, manteniendo su voluntad de diálogo y colaboración, como ha hecho siempre, pero con la determinación de defender los derechos de los profesionales y de las personas con discapacidad intelectual.
