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Miércoles, 26 de noviembre de 2025. Dincat, representante del sector de la discapacidad intelectual y del desarrollo en Cataluña, denuncia con toda contundencia un acto de maltrato institucional inadmisible. El Gobierno de la Generalitat ha decidido recortar derechos fundamentales de más de 10.000 personas con discapacidad intelectual y especiales dificultades, condenándolas a una mayor precariedad y poniendo en riesgo su derecho a trabajar con dignidad, seguridad y con los apoyos que necesitan. En este sentido, Dincat califica de intolerable que quien debe garantizar la inclusión y la igualdad actúe recortando oportunidades y vulnerando derechos.
La decisión del Departamento de Empresa y Trabajo de reducir más de 5 millones de euros destinados al personal de apoyo de los Centros Especiales de Trabajo de Iniciativa Social (CETIS) es un ataque directo a la salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Estos profesionales (psicólogos, educadores sociales, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales y pedagogos, entre otros) son esenciales para garantizar un empleo seguro, digno y adaptado. Recortar este apoyo no es solo un error: es una irresponsabilidad política de primer orden.
A ello se suma otro agravio: el Gobierno aún no ha pagado ni un solo euro de la financiación de 2025, obligando a las entidades a adelantar y endeudarse en 153 millones de euros, con un coste en intereses de más de 3 millones solo para poder pagar salarios. Se trata de una gestión nefasta, injustificable y sin precedentes.
«Esta situación no es solo un problema de financiación: es una cuestión de justicia social y responsabilidad política», explica Víctor Galmés, director de Dincat. «No aceptaremos más compromisos en falso ni más decisiones que pongan en riesgo la dignidad, los derechos y la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual en Cataluña», añade.
El golpe recae especialmente sobre los 93 CETIS sin ánimo de lucro de Dincat, que durante meses han absorbido el impacto económico para proteger los puestos de trabajo y preservar la atención a las personas. Pero el modelo está al límite. Si los recortes y el endeudamiento se mantienen, muchas entidades sociales no podrán sostener su actividad y el futuro laboral de miles de personas quedará en peligro inminente.
Este ataque hace retroceder décadas de trabajo y desmantela el principal modelo que hoy garantiza oportunidades reales de inclusión sociolaboral. En un contexto en el que solo 1 de cada 5 personas con discapacidad intelectual tiene empleo, el Gobierno, en lugar de reforzar la estructura que funciona, la está debilitando hasta ponerla en riesgo de derrumbe. Hablamos de un maltrato institucional con consecuencias directas sobre los derechos, la dignidad y el futuro de las personas más vulnerables.
Por todo ello, Dincat exige al Gobierno de Cataluña que revierta de manera inmediata el recorte de 5 millones de euros previsto para 2025 destinado al personal de apoyo, y que garantice que una medida así no vuelva a repetirse. También reclamamos que se haga efectivo con urgencia el pago de la deuda acumulada de 153 millones de euros y que se asuma el gasto extra de más de 3 millones de euros que las entidades han tenido que afrontar por el endeudamiento forzado.
Además, instamos al Gobierno a impulsar, de forma inmediata y con la participación del sector, la revisión del modelo de inserción sociolaboral, asegurando los apoyos necesarios tanto a los CETIS como a la empresa ordinaria, incluyendo metodologías como el Empleo con Apoyo, y garantizando la protección de los más de 10.000 puestos de trabajo de las personas del colectivo.
Estas reclamaciones se incluyen en la petición a través de la plataforma Change.org lanzada por Dincat con el objetivo de sumar el máximo de apoyos posibles y conseguir revertir esta situación tan grave.
