Desde Dincat impulsamos la campaña “Basta maltrato institucional: la inclusión no se recorta” para denunciar un ataque frontal del Gobierno a los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Los recortes y el impago de la financiación de 2025 dejan a más de 10.000 personas en riesgo real de perder su trabajo y condenan a los CETIS a una situación insostenible. Reducir 5 millones de euros en personal de apoyo y obligar a las entidades a endeudarse para pagar salarios es un maltrato institucional que pone en peligro la dignidad, la seguridad y el futuro del colectivo.

Estas decisiones amenazan a 93 centros sin ánimo de lucro, destruyen oportunidades laborales y hacen retroceder décadas de inclusión. Sólo una de cada cinco personas con discapacidad intelectual tiene trabajo, y el Gobierno, lejos de reforzar el modelo, le está desmantelando.

Por eso exigimos tres medidas urgentes: revertir el recorte, pagar inmediatamente la deuda y revisar el modelo sociolaboral garantizando los apoyos necesarios y la protección de los más de 10.000 puestos de trabajo afectados.

No es sólo economía: es justicia social.

Basta maltrato institucional: la inclusión no se recorta.