Defendemos y representamos los derechos e intereses de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, sus familias y las entidades que las acompañan.

Lo hacemos ante las administraciones públicas, dentro del propio sector de la discapacidad y en relación con otras entidades y agentes sociales, para garantizar que sus necesidades y voces sean escuchadas. Trabajamos para visibilizar y sensibilizar a la sociedad sobre la realidad del colectivo, sus capacidades, necesidades y vulneraciones de derechos, a través de la incidencia política, mediática y social.

El objetivo es avanzar hacia una sociedad más justa, inclusiva y equitativa, donde todas las personas puedan vivir con dignidad, libertad y las mismas oportunidades.